La República conservadora:

Desde 1880 hasta la asunción del poder por el radicalismo en 1916, la política nacional fue hegemonizada por distintas fracciones de la oligarquía, que por esos años consolidó su propiedad de la tierra, los frigoríficos y el comercio exterior.

Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca lideraban fracciones distintas de las fuerzas conservadoras que no llegaron a consolidarse en un único partido político. La misma clase dirigente que había convocado a los inmigrantes se negaba a realizar la reforma agraria necesaria para cumplir con la promesa de prosperidad que el gobierno argentino  ofrecía en Europa mediante una intensa propaganda.

Los frigoríficos, los ferrocarriles, las minas y muchas estancias serían propiedad de los ingleses. El país importaba manufacturas y exportaba carnes, cueros y granos. Y , como todas las naciones cuya economía se reducía a la producción y exportación de materias primas, su Estado quedaría de ahí en más pendiente de empréstitos y endeudado.

Dirigentes como Vicente Fidel López y otros, censuraban desde el Club Industrial Argentino el librecambismo a ultranza pero no tenían éxito. La década de 1880 comenzó con el gobierno de Roca, una disociación profunda atravesaba la cultura de todas las fracciones de la clase dirigente y de los sectores más modernos de la sociedad: creían posible sostener el modelo económico agroexportador y al mismo tiempo colocar al país en la senda del progreso.

La década de 1880 fue de progreso en el marco del país oligárquico y dependiente. En 1882 Dardo Rocha fundó la ciudad de La Plata. En 1897 creó la Universidad de La Plata, que presidió Joaquín V. González, un político y humanista amante de la ciencia.

Se prolongó el ferrocarril; Roca decidió que sólo las rutas improductivas quedarían en manos del gobierno y las productivas serían privadas. Se instalaron los primeros frigoríficos argentinos; se intensificó la exportación de ganado y creció muy significativamente la de granos; hubo una gran acumulación privada y crecieron los gastos públicos, el desequilibrio financiero y la inflación. Ofrecieron empréstitos y la Argentina los aceptó. Sin responsabilizarse por el futuro, el gobierno engrosó la deuda externa.

La concepción de la modernización fue estética e intelectual. En los círculos políticos e intelectuales, como el Club del Progreso, se difundían las ideas de Darwin, Haeckel y Spencer. Circulaban los diarios La Nación, La Prensa, El Porvenir, La Reforma, El Ferrocarril y, también crecían las publicaciones de los socialistas y anarquistas.

Comienza a desarrollarse la investigación científica. Se fundaron la Sociedad Científica Argentina y el Círculo Médico Darwiniano; Florentino Ameghino publicó Los orígenes del hombre en el Plata y Francisco Perito Moreno, El origen del hombre sudamericano.

Los argentinos alimentaban la idea de superioridad argumentando que el hombre había surgido en esta región. Intelectuales como Paul Groussac, Eugenio Cambaceres, Miguel Cané, Lucio V. López, Julián Martel y Eduardo Wilde discutían sobre los alcances del concepto de progreso.

Científicos como Alejo Peyret consideraban que el avance de las ciencias físicas y sociales disolvería la miseria; pedagogos, maestros y profesores creían que el progreso era un efecto de la educación. Roca sostenía que el orden era la base del progreso y advertía que el desorden no tiene cotización bursátil. Paz y administración era su lema.

En las últimas décadas del siglo XIX el modelo educativo liberal alcanzaba su máxima expansión en todo el mundo.

En la Argentina se sentía la falta de una legislación que unificara los protosistemas escolares creados por gobernadores y caudillos y reglamentara las relaciones entre la Nación y las provincias en materia de educación. En 1871 se dictó la Ley de Subvenciones Escolares, que sistematizó la ayuda económica de la Nación a las provincias.

En 1875 se dictó la Ley de Educación Común de la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la reforma de la Constitución provincial de 1873. Establecía la enseñanza primaria gratuita y obligatoria (8 años los varones y 6 las mujeres), el gobierno escolar a cargo de un Consejo General de Educación y un director general de escuelas, función para la cual fue nombrado Sarmiento. La administración local estaría desempeñada por una comisión vecinal elegida por el pueblo; las rentas escolares quedaban expresamente fijadas, lo mismo que un fondo permanente.

En 1880 se convirtió en Capital Federal la ciudad de Buenos Aires y, en 1881 un decreto firmado por Roca y su ministro de Instrucción Pública, Manuel D. Pizarro, creó el Consejo Nacional de Educación. Sarmiento fue su presidente y los vocales Miguel Navarro Viola, Alfredo Larroque, José A. Wilde y Alfredo Van Gelderen. Las tensiones con los vocales que respondían a la jerarquía eclesiástica provocaron la renuncia de Sarmiento, a quien reemplazó Benjamín Zorrilla.

Se acentuaba el enfrentamiento entre la Iglesia Católica y los intelectuales y políticos laicos, llegando a la ruptura en el Primer Congreso Pedagógico Sudamericano convocado por el gobierno en 1882.

La oposición nacionalista católica:

Uno de los mayores puntos de conflicto era la garantía constitucional de la libertad de cultos, así como de la libertad de enseñar y aprender. La Iglesia consideraba que era su derecho ejercer el monopolio religioso y pedagógico.

En la segunda mitad del siglo XIX en Córdoba se estaba formando una fuerza ideológica que llegaría a constituir un protopartido político nacionalista católico y su aspiración hegemónica era extenderse a nivel nacional.  Sostenía que el orden cultural sólo sería legítimo si respondía al derecho canónigo acorde al Concilio de Trento y seguía los lineamientos doctrinarios.

Sólo la Iglesia Católica tenía legitimidad como educadora. Su palabra pedagógica representaba la civilización, la moral, la verdad y el orden social. Su labor principal era combatir al enemigo: el ateísmo-protestantismo-judaísmo-liberalismo-positivismo-anarquismo-racionalismo científico-socialismo.

El normalismo laicista encarnaba todos esos males, tanto en su versión positivista como en su versión espiritualista. Desde 1862, al fundarse el diario El Eco de Córdoba, el nacionalismo católico fortaleció su ya importante posición en los medios de difusión. Esta corriente se extendió en gran parte del país y constituyó el núcleo duro de la cultura del Noroeste.

El aislamiento, la destrucción de los mercados internos, la falta de actividades industriosas y la profunda base tradicionalista heredada hacían a esa región apta para el desarrollo del nacionalismo católico. El Noroeste era un lugar para “politiquillos y normalistas”, escribió tiempo después Manuel Gálvez en su novela La maestra normal.

Los jesuitas también ejercieron fuerte influencia. En Santa Fe hubo una política secularizadora en la década de 1860, pero fue derrotada y luego se instaló durante treinta años una estrecha relación entre los sucesivos partidos gobernantes y la Iglesia. Tanto los colegios nacionales y especialmente las escuelas normales tuvieron que llevar adelante una intensa lucha por la secularización de la enseñanza y de la formación docente.

Este enfrentamiento dio por resultado cierta diversidad:

Ø  El sustrato hispánico-católico persistió en el Noroeste

Ø  En el Litoral hubo una mayor tolerancia cultural como consecuencia de la inmigración.

Ø  En la Patagonia, hubo una fuerte presencia la congregación de los salesianos.

A diferencia de la cultura memorística y libresca que impulsó la Iglesia en el Noroeste y de la modernización en la organización social que tuvo alguna vigencia en el Litoral, los salesianos educaron para el trabajo. La población de los colegios nacionales creció significativamente en el Noroeste, en cambio, en los instalados en el Litoral, decreció a medida que se desarrollaban y diversificaban las posibilidades de trabajo.

En 1882, la Iglesia sostuvo que debía llegarse a dictar una ley de educación de aplicación obligatoria a nivel nacional. Ante la derrota de sus planteos en ese congreso Pedagógico, su meta fue que la ley se aplicara solamente a la Capital y a los territorios nacionales. Esta posición triunfó y las provincias quedaron abiertas a la participación directa de la Iglesia en la enseñanza pública.

Sin embargo, los intelectuales que militaban el catolicismo no tuvieron una opinión homogénea. En el diario La Voz de la Iglesia expresaba a la jerarquía conservadora y, en el diario La Unión, a los católicos liberales encabezados por José Manuel Estrada.

La primera de esas publicaciones se alineó totalmente con las posiciones oficiales de la Iglesia. En la Encíclica Quanta cura de 1864 se reflejaba el pensamiento de Pío IX en contra del naturalismo y el liberalismo. El famoso Syllabus, que acompañaba a esta última encíclica, contenía ochenta proposiciones sobre los errores que la Iglesia llamaba a combatir. Señalaba como enemigo principal al liberalismo pero no al socialismo.

El Congreso Pedagógico y la legislación educativa:

En el Congreso Pedagógico Sudamericano, realizado en Buenos Aires en 1882, la declaración del grupo que reunía a conservadores y liberales católicos coincidió con los lineamientos del Syllabus.

Reafirmó a la educación como un medio para combatir las tendencias que buscaban disolver el papel de la religión como fundamento de la moral, la familia, de la ley, de la concordia social y de la paz pública.

Sostenían que dicha posición se basaba en principios axiomáticos de aplicación universal y que el vínculo con Dios quedaría seriamente dañado de establecerse la laicidad de la enseñanza. Bialet Massé sostenía que el maestro era un delegado del padre, educador natural por derecho divino, y que el educador era el municipio y no el Estado.

Utilizó una idea de municipio que, identificaba con municipalidad, como agrupamiento de las cabezas de familia. Ese organismo debía proveer educación común. Aunque el grupo vinculado a la Iglesia Católica se retiró, tenían coincidencias en otro tema con un sector de los liberales laicos.

La relación entre centralización y descentralización; el papel del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las municipalidades en la educación; la formación de los docentes y el papel regulador del Estado en el ejercicio de las profesiones; el tipo de modalidades que incorporaría el sistema educativo (bibliotecas circulantes, bibliotecas morales para cuarteles y cárceles, jardines de infantes, salas de asilo, conferencias pedagógicas); cuestiones sobre la salud y el mobiliario escolar; atribuciones del Estado sobre los libros de lectura, fueron algunos de los temas en los cuales tuvieron coincidencias y diferencias.

El centralismo porteño, los rastros del modelo rivadaviano y el afrancesamiento se notaron en algunos congresales del grupo liberal laico, mientras otros sostenían la necesidad de un sistema parecido al que entusiasmaba a Sarmiento.  Estos últimos insistían en la defensa del papel de las municipalidades y de los consejos escolares en un sistema educativo organizado nacionalmente.

Acercándose a esta última posición y disintiendo con los representantes de un catolicismo ultramontano, el católico liberal Miguel Navarro Viola propuso que se creara un Consejo General de Educación encargado de administrar los fondos escolares.

Propuso una articulación entre el consejo general y los consejos provinciales. Rechazaba el reglamentarismo pero quería lograr una equilibrada combinación entre centralización y descentralización.

Sarmiento –ausente en el Congreso Pedagógico- criticaba fuertemente la posición católica desde los artículos reunidos en su libro La escuela ultrapampeana. La derrota de la posición católica antiestatista en la década de 1880 provocó el efecto contrario que se esperaba respecto de la injerencia de la Iglesia Católica en la vida escolar. En efecto, su presencia se manifestó en la escuela pública en el propio discurso escolar, que incluyó elementos religiosos en los libros de texto, en los discursos de las conferencias pedagógicas, en las disertaciones de los funcionarios y en la palabra cotidiana de muchos maestros.

En los escenarios de la lucha educacional de este período se construyeron las articulaciones más profundas del discurso pedagógico que sería dominante en la Argentina durante más de un siglo.

El estatismo centralizador y laico que triunfó, lo hizo sobre posiciones conservadoras y posiciones más democráticas: la escuela sería neutral para dar cabida a todos los habitantes en esa época de inmigración, pero el Estado nacional lo mantendría bajo un fuerte control.

En 1884 el Congreso de la Nación debatió ampliamente y luego aprobó la ley 1.420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria, cuya jurisdicción abarcaría la Capital Federal y los territorios nacionales.

Se estableció un consejo escolar en cada distrito de la campaña y en cada parroquia de la Capital, y un Consejo Nacional de Educación. Se restó poder a la sociedad civil para elegir a los vocales y demás autoridades de los consejos. Los consejos escolares debían ser los nexos formales entre los ciudadanos y el sistema escolar.

La institución de la inspección fue el más importante instrumento para el desarrollo de una burocracia creciente y de un ejercicio centralizado del poder. La ley reconoce la importancia de las sociedades populares de educación y las bibliotecas populares y aconseja promoverlas, pero como organismos complementarios del sistema de instrucción pública.

La escasa comprensión de la enseñanza media como un nivel integral está demostrada en la falta de legislación específica. Las continuas propuestas de reformulación de la estructura de la enseñanza postprimaria que surgieron a fin del siglo pasado y comienzos del presente son también un síntoma de las dificultades de la sociedad para diseñar un lugar tanto para los adolescentes como para los sectores medios.

Durante el período de la República conservadora se dictaron la ley de educación primaria y la ley universitaria. En relación a la educación secundaria solamente hubo una ley que la atendía parcialmente: la 934 de 1878, que regulaba las formas de pasaje de los estudiantes desde las escuelas privadas a las públicas y la revalidación de sus estudios.

En 1885 por iniciativa del presidente Nicolás Avellaneda, el Congreso de la Nación sancionó la ley universitaria. La ley 1579 o Ley Avellaneda establecía una forma parcial de autonomía universitaria y, aunque en forma limitada, introducía el principio de la elección de las autoridades por parte de la comunidad universitaria.

Establecía algunos de los órganos de gobierno que aún conforman la universidad, tales como la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior. Mientras que, las funciones legislativas, financieras y políticas estaban reservadas al Poder Ejecutivo Nacional.

En 1905 el gobierno de Manuel Quintana sancionó la Ley Láinez, que autorizaba a la Nación a instalar escuelas de su jurisdicción en las provincias que así lo solicitaran. Entre 1875 (Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires) y 1905 (Ley Láinez) quedó organizado legalmente el sistema educativo argentino.

No se dictó una ley general que abarcara el conjunto, lo cual trajo aparejado muchos problemas de articulación entre niveles y modalidades. Pero, esa insuficiencia permitió que el sistema tuviera mayor flexibilidad y que hubiera autonomía relativa de sus partes.

La coexistencia de sistemas educativos de diversas jurisdicciones (nacional, provincial y privado) pudo haber enriquecido el proceso de transmisión de la cultura, de no haber sido por la pobreza de algunas provincias, la falta de vocación social de muchas escuelas privadas y la burocratización del sistema nacional.

Alfredo Palacios, elegido primer diputado socialista en 1904, exigió que se legislara en favor de los derechos a la educación de las mujeres y los hijos de los trabajadores. Décadas después sería presidente de la Universidad Nacional de la Plata. También defendieron los derechos a la educación de los marginados, otros socialistas como las luchadoras feministas, Raquel Caamaña y Alicia Moreau de Justo.

El rumbo del sistema educativo tomado fue producto más de un déficit en la legislación antes que en decisiones políticas conscientes, especialmente porque ese déficit reflejó la imposibilidad de llegar a acuerdos sobre el tipo de educación que tendrían los argentinos.